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Friday, October 18, 2019
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La frase del día: 

"Solo el que sirve con amor sabe custodiar"
Papa Francisco

Cuestiones pendientes sobre las finanzas y propiedades inmobiliarias del Vaticano

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Autor: Edward PENTIN, periodista

En algún momento antes de octubre de 2017, tras dos años como prefecto de la Secretaría de Economía del Vaticano, el cardenal Pell ya estaba en conocimiento de que un dicasterio vaticano manejaba grandes cantidades de dinero -no contabilizado- en cuentas de paraísos fiscales.

Pero tres años más tarde, las preguntas planteadas por el cardenal Pell sobre la gestión de la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (APSA), el dicasterio que administra las propiedades inmobiliarias y las finanzas vaticanas, siguen sin respuesta. Pell había descubierto blanqueo de dinero y riesgos de fraude relacionados con la utilización por parte del APSA de cuentas en bancos extranjeros, y había cuestionado ciertas transacciones de activos y de bienes inmuebles.

Interesado en actuar rápidamente siguiendo el mandato del Papa Francisco de erradicar la mala gestión y la posible corrupción en las operaciones financieras vaticanas, el cardenal prefecto se puso en contacto en 2016 con unos amigos banqueros australianos en Londres para saber más. Estos estimaron que podría haber hasta 100 millones de euros en estas cuentas, sobre todo en las sucursales de dos bancos privados ubicados en Lugano, Suiza.

El cardenal Pell respondió que, a través de un bufete suizo, iba a pedir los extractos bancarios de los últimos diez años de una de estas cuentas. También la iba a pedir al auditor general del Vaticano, Libero Milone, antiguo socio de Deloitte, una empresa de asesoría y auditoria financiera internacional, que los inspeccionara. Para hacerlo, Pell tenía que pedir permiso por escrito al Papa Francisco, permiso que el Santo Padre le concedió con una simple firma.

Sin embargo, los extractos bancarios nunca llegaron ni al cardenal Pell ni a Milone. Lo siguiente fue que ambos tuvieron que dejar sus cargos en el Vaticano: el cardenal tras unas acusaciones de supuestos abusos sexuales, y Milone tras recibir un aluvión de críticas. Un año más tarde, funcionarios del Vaticano exoneraron al auditor tras una investigación interna que no pudo aportar pruebas que apoyaran las acusaciones.

Algunas fuentes dicen que la iniciativa para obtener los extractos bancarios fue probablemente saboteada por algunos individuos que tuvieron conocimiento de la investigación. Funcionarios del APSA, cuando se les preguntaba sobre estas cuentas, a veces utilizaban la excusa de que estaban teniendo dificultades para obtener los datos.

"Lo retrasaban, tenían ‘problemas'", ha dicho al Register una de las dos fuentes fiables. "En realidad, estaban escondiendo las cuentas".

Una parte importante de la resistencia, ha sabido el Register, es que una gran parte del dinero estaba en "cuentas cifradas" que, tal como advirtió en 2014 el Promontory Financial Group -una de las empresas externas contratadas para limpiar las finanzas vaticanas-, servían para blanquear el dinero y cometer fraudes.

Si bien es posible que muchas de las cuentas hayan sido cerradas, no queda claro cuántas eran o si alguna sigue operativa (Promontory cree que había al menos seis cuentas que generaban, potencialmente, una actividad problemática).

Aunque el antiguo dicasterio del cardenal Pell, ahora dirigido por el ex subdirector del APSA, monseñor Luigi Mistò, es responsable de vigilar y control el APSA, las fuentes dicen que es improbable que el dicasterio llegue a saber nunca las cantidades exactas de dinero de estas cuentas, o a quien pertenecían.

Las cuentas en cuestión tenían números bancarios internacionales irregulares, lo que hacía difícil rastrearlas.

El importe total que se pensaba que había en estas cuentas, en las dos sucursales de Lugano de dos bancos privados, la Banca della Svizzera Italiana y el Julius Bär, podría incluso llegar a ser de siete mil millones de euros, según algunas estimaciones. Ambos bancos se han negado a confirmar o negar la existencia de dichas cuentas: una portavoz del Julius Bär le dijo al Register el 11 de julio que "por principio" ellos "no hacen comentarios sobre una supuesta o existente relación clientelar".

Una segunda fuente, familiarizada con la situación, confirmaba al Register la existencia de cuentas en paraísos fiscales y la dificultad en demostrarlo.

"A medida que pasaban los meses nos quedaba claro que había un centro de corrupción dentro del APSA, y dos bancos estaban relacionados en todo esto", ha dicho la fuente, que ha pedido permanecer anónima. "Se realizaban transacciones altamente irregulares entre estos bancos".

Ni Claudia Ciocca, directiva de la Secretaría de Economía encargada de la investigación de estas cuentas, ni el arzobispo Nunzio Galantino, actual presidente del APSA, han hecho ningún comentario al Register.

Tommaso Di Ruzza, director de la Autoridad de Información Financiera del Vaticano que controlaba el APSA hasta 2016, ha declarado al Register que, en su opinión, "no era correcto" describir estas cuentas como "cuentas ilegales", añadiendo que él "no puede revelar si se encontraron indicadores anómalos".

Di Ruzza ha añadido que "como regla general", si la Autoridad encuentra anomalías de "manera espontánea proporciona" y requiere información a sus "homólogos extranjeros", incluyendo los italianos, si "el sujeto interesado es un ciudadano italiano o si la transacción está vinculada al territorio italiano". Declinó responder cuando se le preguntó si hizo esta verificación cuando la Autoridad controlaba al APSA.

Las propiedades inmobiliarias reales del APSA

Otro desafío al que tuvo que enfrentarse el cardenal Pell en su intento de vigilar y controlar las finanzas vaticanas fue la mala gestión de las propiedades inmobiliarias en el extranjero.

Las fuentes afirman que sólo unos cuantos funcionarios dentro del APSA conocían el verdadero alcance de la cartera de propiedades inmobiliarias del Vaticano en suelo extranjero, que se gestiona en gran medida "en negro" y de manera reservada.

La gran mayoría de las propiedades inmobiliarias que administra el APSA tiene su origen en fondos que el gobierno italiano proporcionó al Vaticano después de los Pactos Lateranenses de 1929. Fue un pago en compensación por las propiedades de la Iglesia que habían sido confiscadas por el Estado italiano durante el Risorgimento, el periodo del siglo XIX durante el cual se consolidó el Estado

En 2016, el valor de las propiedades inmobiliarias del APSA se estimaba en, por lo menos, 800 millones de euros, con una cartera que incluía propiedades en la prestigiosa zona de Mayfair de Londres, como también en París y Suiza. La gestión de la cartera del Reino Unido la está llevando a cabo supuestamente el APSA a través de una empresa de gestión llamada British Grolux Investments Ltd, que no identifica al Vaticano como propietario en sus datos, aunque su junta de dirección está formada por varios miembros vinculados directamente con el APSA.

En 2015, por razones desconocidas, el APSA se gastó 100 millones de euros para adquirir una prestigiosa propiedad londinense formada por 108 apartamentos y casi 5.300 metros cuadrados de locales comerciales. El cardenal Domenico Calcagno, que fue presidente del APSA desde julio de 2011 hasta junio de 2018, supuestamente le pidió al cardenal Pell que sellara la transacción sólo a última hora, pero el cardenal no lo hizo porque creía que había preguntas que no habían sido respondidas.

La compra, sin embargo, siguió adelante después de que el Papa Francisco desoyera las preocupaciones del cardenal Pell; el cardenal Calcagno le había dicho a Francisco que el APSA perdería el anticipo de 4.9 millones de dólares si no se cerraba el trato.

El cardenal Pell también se opuso con firmeza a la propuesta de utilizar el fondo de pensiones del Vaticano para la mitad de dicha adquisición, y concretamente pidió que quería saber por qué esta inversión estaba incluida en la estrategia del fondo de pensiones.

Pero el presidente del fondo era también el cardenal Calcagno, que se escribió a sí mismo una carta, desde el APSA para el fondo, aprobando la transacción. En esa época el cardenal también estaba siendo investigado por acusaciones de malversación relacionadas con el tiempo durante el cual fue obispo de Savona (esta investigación no ha llevado a procedimientos criminales contra el cardenal, que llegó a la edad obligatoria de jubilación, 75 años para los obispos, por lo que tuvo que presentar su carta de renuncia como presidente del APSA, aceptada por el Papa Francisco el año pasado).

La compra en 2015 de esta propiedad londinense, situada en el 176-206 de High Street Kensington, es considerada ahora un error, ya que se hizo en el momento álgido de lo que los expertos llaman la "burbuja especulativa" en el mercado inmobiliario de Londres, y con una libra esterlina bastante fuerte que perdió mucho valor después del referéndum sobre el Brexit el año siguiente.

"Hay que resaltar que las propiedades inmobiliarias que el APSA gestiona no son suyas, sino que pertenecen a la Iglesia", ha dicho al Register la segunda fuente. "Pero las gestiona como si lo fueran, y si alguien intenta controlar cómo están siendo gestionadas, esta persona es considerada un intruso, incluso si esta persona trabaja en la Secretaría de Estado o en la Secretaría de Economía".

Falta de transparencia

El APSA no es el único organismo del Vaticano con una aparente aversión a ser investigado. En 2017, la primera auditoría externa de la historia del Vaticano, que estaba realizando Price Waterhouse Coopers (PwC), fue abruptamente cancelada por la Secretaría de Estado pocos meses después de su inicio, y después de haber llegado a un acuerdo sobre la misma con el Consejo de Economía, un grupo de cardenales que controla la Secretaría de Economía.

El dicasterio del cardenal Pell descubrió sumas ingentes de dinero que no habían sido contabilizadas en los extractos financieros (94 millones de euros en la Secretaría de Estado, seguidos más adelante por casi mil millones de euros en otros dicasterios).

En comentarios al Register, el cardenal Angelo Becciu, que era el sustituto en la Secretaría de Estado en esa época y que ahora es prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos, afirmó no tener conocimiento de las cuentas bancarias ni de las propiedades inmobiliarias en el extranjero gestionadas por el APSA. Añadió que el APSA tenía su "autonomía" y que la Secretaría de Estado no conocía todas sus operaciones.

El cardenal, oriundo de Cerdeña, también dijo que la Secretaría de Estado "nunca se opuso, en principio, a la auditoría llevada a cabo por PwC", pero que quiso establecer unos límites "temporales y temáticos" a su "intervención".

"Llegaron diciendo que tenían que verlo todo", dijo, añadiendo: "Esta claro que la auditoría no podía seguir, debido también a los altos costes de la operación, que habían sido acordados por la Secretaría de Economía sin consultarlo con nadie". El cardenal añadió que el fin del contrato con PwC fue "consensuado" y sin penas económicas, lo que demostró a los auditores de PwC "que la operación había sido mal planificada y que, por el bien de todos, había que detenerla".

Sin embargo, sabemos por fuentes fiables que a PwC se le dio un trabajo alternativo por las ganancias que habían perdido.

Estas mismas fuente han dicho al Register que los hechos analizados en este artículo incluyen un "pequeño ejemplo" de la mala gestión en juego, pero que el arzobispo Galantino y el nuevo sustituto, el arzobispo Edgar Peña Parra, están haciendo progresos en su gestión de la mala conducta financiera y de la posible corrupción en el Vaticano y en el extranjero.

Lo que muchos asesores, inspectores y consultores preferirían ver es un cambio radical de personal. "Sería tan simple eliminar la corrupción: bastaría cambiar a las personas y obedecer las reglas", ha dicho al Register la segunda fuente.

"Cambiar las estructuras ayuda, ya que esto crea control y vigilancia, controles y equilibrios, pero no tiene sentido hacerlo si la gente que controla los activos, los recursos humanos, los contratos de los empleados, etc., son los mismos corruptos de siempre, la llamada ‘vieja guardia'".

Además de contactar con el arzobispo Galantino y con Claudia Ciocca, el Register ha contactado con el arzobispo Peña Parra y la Sala de Prensa de la Santa Sede preguntando si podían confirmar la existencia de las cuentas suizas, la cartera de propiedades inmobiliarias en el extranjero del APSA y la verdadera razón para cancelar la auditoría de PwC. Ninguno de ellos ha respondido al Register para aclarar estas cuestiones.

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