Los obispos italianos acusan al Gobierno de violar la libertad de culto

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La Conferencia Episcopal italiana (CEI) ha publicado ayer domingo por la noche un contundente comunicado contra el Gobierno de Giuseppe Conte denunciando que agrede a la «libertad de culto» por mantener la prohibición de celebrar misas con público a la vez que permite la reapertura de otras actividades igualmente públicas.

El comunicado de la CEI indica que «los obispos italianos no pueden aceptar ver comprometido el ejercicio de la libertad de culto. Debería estar claro para todos que el compromiso de servir a los pobres, tan importante en esta emergencia, proviene de una fe que debe poder alimentarse de sus fuentes, en particular de la vida sacramental».

Los obispos advierten que «la Iglesia aceptó, con sufrimiento y un sentido de responsabilidad, las limitaciones gubernamentales asumidas para afrontar la emergencia de salud», pero ahora, «cuando se reducen las limitaciones asumidas para enfrentar la pandemia, la Iglesia exige poder reanudar su acción pastoral».

«Se recuerda a la Presidencia del Consejo y al Comité Técnico Científico el deber de distinguir entre su responsabilidad, dando indicaciones precisas de carácter sanitario, y la de la Iglesia, llamada a organizar la vida de la comunidad cristiana, de conformidad con las medidas preparadas, pero en la plenitud de su autonomía», concluye el comunicado episcopado italiano.

Conte anunció ayer que desde el próximo 4 de mayo se producirá una desescalada del confinamiento general impuesto a toda Italia por la pandemia. Entre las actividades que se podrán realizar por parte de los ciudadanos italianos no figura la participación en ceremonias religiosas, salvo en el caso de funerales, en los que se permiten la presencia de 14 personas.

La decisión de no permitir las Misas y otros actos religiosos ha sido criticada por miembros del propio Ejecutivo italiano. Las ministras Igualdad de oportunidades y Familia, Elena Bonetti, y de Agricultura, Teresa Bellanova, rechazaron lo que consideraron una «decisión incomprensible».

Tras la reacción de la Iglesia, el gobierno hizo público un comunicado en el que se indicaba que «el primer ministro toma nota de la comunicación del CEI y confirma lo que ya había anticipado en la conferencia de prensa, que se estudiará un protocolo en los próximos días que permitirá la participación de fieles en las celebraciones litúrgicas en condiciones de máxima seguridad».