Una sociedad de asesinos

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Autor: Francisco J. CARBALLO

Con 198 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 138 en contra (PP, Vox, UPN) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe), el Congreso de los Diputados aprobó la Ley de la Eutanasia[1].

España, otrora «evangelizadora de la mitad del orbe, martillo de herejes y Luz de Trento»[2] se convierte en el sexto país del mundo en legalizar la eutanasia. Ya lo estaba en Holanda, Bélgica, Luxemburgo, España, Canadá y Colombia.

La gravedad de esta ley aparece amortiguada porque no supera en crueldad el genocidio del aborto, donde 40 millones de niños concebidos y no nacidos son masacrados legalmente en el mundo cada año, superando holgadamente los genocidios nazi y comunista. Cien mil de ellos en España como mínimo, porque con la píldora que nos trajo el gobierno del democristiano José María Aznar, y con las leyes de reproducción asistida, la cifra se nos escapa.

La autoridad política no sólo abandona su misión constitutiva y natural de velar por el bien común, sino que se convierte en agente hostil de una nueva agresión contra el primero de los derechos humanos. Primero depositó la vida del nasciturus en la madre, otorgando derecho de propiedad absoluto de unas personas sobre otras en un neoesclavismo. Ahora, en otra mentira antropológica, atribuye la propiedad de la vida personal a la propia persona, olvidando que nadie se ha dado la vida a sí mismo, sino que la ha recibido de otro en calidad de administrador.

La vida humana ya no es digna de protección jurídica, sino que tiene el valor que arbitrariamente le conceden las mayorías parlamentarias. Esto demuestra que los derechos humanos que no se fundamentan en la dignidad humana de origen sobrenatural son papel mojado, sin fuerza vinculante para las leyes humanas, y que la búsqueda de una ética universal de consenso básico es una utopía ingenua.

Los débiles, los vulnerables y desesperados ya no encontrarán el consuelo, el alivio y la protección de la autoridad, sino que al contrario, encontrarán en la propia autoridad el estímulo para solucionar de forma fácil y rápida las tribulaciones personales, al tiempo que el Estado del Bienestar se ahorra ingentes cantidades de dinero en pensiones y en tratamientos sanitarios.

El desprecio del dolor es otra mentira antropológica de la modernidad. El sufrimiento forma parte de la vida humana, perfecciona las inclinaciones egoístas del hombre y eleva el espíritu sobre la tiranía de la carne. Es fuente de innumerables gracias cuando se ofrece con espíritu corredentor en virtud del Cuerpo Místico de Cristo y la Comunión de los Santos. Y es alivio de la Pasión de Cristo de tal manera que, participando de su tragedia, participa también de su gloria en la Resurrección de la carne.

Los grandes avances científicos de nuestro tempo impiden sufrimientos insoportables. Pero la huida sistemática de cualquier contratiempo en los propios planes es la negación de la solidaridad intergeneracional, de padres con hijos y de hijos con padres, de unos cónyuges con otros, de todos con todos, que es uno de los fundamentos de toda comunidad política.

En medio de tanta oscuridad y desconsuelo humano, la Iglesia tiene la vocación de alumbrar esta etapa siniestra de un mundo que agoniza. Su Magisterio, que es la solución a todos los problemas humanos, está tan arrinconado, tan silenciado, que apenas se escucha su eco[3].

Por eso esperábamos la llegada de un documento del Episcopado español en este trance tan difícil. El texto de nuestros obispos condena evidentemente la ley de la eutanasia como una violación del orden moral, pero vuelva a decepcionar, por enésima vez, cuando aborda la responsabilidad de las instituciones en este nuevo holocausto. Dicen nuestros obispos que «el hecho instaura una ruptura moral; un cambio en los fines del Estado»[4]. No es cierto. No instaura ninguna ruptura moral, porque ya estaba instaurada con la ley del aborto, la de experimentación con embriones o la de fecundación artificial. Simplemente se trata de una vuelta de tuerca. Del discurso episcopal parece que las instituciones democráticas estaban en armonía con la Ley Natural, pero la llegada de la eutanasia ha roto este idilio.

Seguidamente, piden a «cuantos tienen responsabilidad en la toma de estas graves decisiones que actúen en conciencia, según verdad y justicia». ¿Y si no lo hacen? ¿Cuáles son las consecuencias personales e institucionales para quienes actúan contra la verdad y la justicia en la esfera pública? Porque toda decisión humana tiene consecuencias e incurre en responsabilidad.

El texto episcopal sobre la eutanasia de 1993 era mucho más clarividente y certero: la eutanasia no sólo es una cuestión de ética individual sino de legitimidad del poder civil. En 1993 se condenaba el positivismo jurídico y la lógica de las mayorías como fundamento del Derecho. Se recordaba también que la legitimidad de origen debe acompañarse necesariamente de la legitimidad de ejercicio, y que la dignidad humana es fuente y raíz del Estado de Derecho[5].

La nota episcopal de 11 de diciembre de 2020 sobre la eutanasia sigue sin encontrar razones suficientes para desautorizar moralmente un régimen político inicuo y oprobioso[6], de tal manera que «se levantan tronos para las premisas, y para las consecuencias, cadalsos»[7]. ¿Dónde está hoy el relevo de San Juan Bautista denunciando públicamente el pecado de los poderosos?.

El Catecismo es mucho más audaz enseñando que sólo es legítima la autoridad que busca el bien común y que la ley injusta debe desobedecerse[8]. Si la autoridad no es legítima, es tiránica. ¿Tenemos convicciones suficientes contra la tiranía del parlamento?



[1] La eutanasia viola gravemente las Leyes de Dios (vid. Catecismo de la Iglesia Católica, 2276-2279).

[2] Marcelino MENÉNDEZ Y PELAYO, Historia de los heterodoxos españoles, Madrid: BAC, 1987, p. 1038.

[3] «Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa consiste en poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas. Es moralmente inaceptable. Por tanto, una acción o una omisión que, de suyo o en la intención, provoca la muerte para suprimir el dolor, constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto del Dios vivo, su Creador» (Catecismo de la Iglesia Católica, 2277). Cf. JUAN PABLO II, Evangelium vitae, 65.

[4] Nota de la CEE, «La vida es un don, la eutanasia un fracaso», 11 de diciembre de 2020.

[5] COMITÉ EPISCOPAL PARA LA DEFENSA DE LA VIDA (CEE), La eutanasia, Madrid: Ediciones Paulinas, 1993, p. 80-82.

[6] En la misma dirección, un texto de 2019 de la CEE sobre la eutanasia presta toda su atención a la ética individual, recuerda que es una ley que daña la vida social (V), pide a las instituciones que sirvan el derecho a la vida (VI y VIII) y a los ciudadanos católicos que exijan con el voto y el asociacionismo el respeto del Estado a la vida (VII). Ni una palabra sobre la obligación del Estado con el orden moral objetivo como título de legitimidad (vid. SUBCOMISIÓN EPISCOPAL PARA LA FAMILIA Y DEFENSA DE LA VIDA (CEE), Sembradores de Esperanza: Acoger, proteger y acompañar en la etapa final de esta vida, 1 de noviembre de 2019).

[7] Juan VÁZQUEZ DE MELLA, Obras Completas, volumen XXIV, Madrid: Junta de homenaje a Mella, 1934, p. 252.

[8] Cf. Catecismo de la Iglesia Católica, 1903, 1901, 2242.